1 de septiembre de 2015
El Gobierno del Partido Popular se desentiende de cualquier actuación que tenga que ver con el estricto cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el ERE de Coca-Cola, decisión confirmada en mayo pasado por el Tribunal Supremo. En una respuesta parlamentaria por escrito del Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida y portavoz económico parlamentario, Alberto Garzón, el Ejecutivo indica que ‘en relación con la información interesada se señala que se trata de un procedimiento judicial, en el que el Gobierno no fue parte implicada, y la resolución del mismo viene determinada por la sentencia recaída”.
De la misma forma, desde el propio Ejecutivo ‘popular’ se aconseja a los afectados qué vía legal concreta deben tomar para tratar de solventar sus problemas. En la respuesta se especifica que pueden ‘en caso de incumplimiento o irregularidad al respecto, instarse la ejecución de la sentencia, que en el ámbito laboral encuentra su regulación específica en los artículos 237 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social’.
No obstante, en el breve escrito de dos párrafos remitido por el Gobierno a Garzón, a raíz de la pregunta registrada por éste en el Congreso el pasado 9 de julio, se recalca que ‘habiendo recurrido los trabajadores en vía jurisdiccional el despido colectivo realizado por la empresa, la resolución de los conflictos que puedan derivarse del mismo han de circunscribirse a dicho ámbito judicial, al ser una cuestión entre partes’.
Alberto Garzón planteó en su iniciativa parlamentaria una batería de cuestiones a las que el Ejecutivo del PP elude responde en profundidad. Entre otras, el diputado de IU se interesaba sobre si “¿tiene el Gobierno pensado actuar, tras más de un año, para facilitar una resolución favorable a los trabajadores y coherente con la sentencia judicial?” o si “¿no cree el Gobierno que es intolerable que una transnacional pueda incumplir de forma tan flagrante una sentencia judicial y, por tanto, las leyes democráticas de nuestro país, sin que ocurra nada?”
El parlamentario de IU completaba las cuestiones concretas por las que se interesaba preguntando si “¿piensa el Gobierno tomar medidas contra la transnacional Coca-Cola” y si “¿se plantea denunciar judicialmente a la dirección de la transnacional?”
Por si les faltaba algún dato a los responsables de Moncloa, Garzón les recordaba en su pregunta parlamentaria que “si bien la empresa ha accedido a abrir en Fuenlabrada un almacén, también ha asegurado no tener intención de reabrir la fábrica. De ese modo se está incumpliendo de forma clara la sentencia judicial, que expresaba que los trabajadores debían reincorporarse en las mismas condiciones que se tenían con anterioridad al cier