El gobierno de Rajoy está recurriendo a un truco contable para sortear la ley y evitar que las pensiones se revaloricen al ritmo del IPC
La Seguridad Social lleva desde 2012 en déficit, es decir, ingresando menos de lo que gasta. Desde entonces el gobierno ha ido rellenando ese vacío con los fondos de la hucha de las pensiones.
Pero en 2017 el gobierno ya había utilizado el 90% de la hucha, y como no quería vaciarla por completo (por el coste político que implicaría) recurrió a compensar el déficit de otra forma: prestándole dinero. El Estado prestó en 2017 10.193 millones de euros a la Seguridad Social. En 2018 ocurrirá lo mismo: ayer el gobierno anunció que este año el préstamo será de unos 15.000 millones.
Pero, ¿por qué el Estado presta dinero a la Seguridad Social en vez de transferírselo directamente? Al fin y al cabo las dos son cuentas del conjunto de las administraciones públicas, por lo que sería como pasarse el dinero de un monedero a otro.
Muy sencillo: porque si en vez de un préstamo hiciera una transferencia el déficit de la Seguridad Social desaparecería. En cambio, con un préstamo el déficit no se inmuta. Caprichos de las normas contables. Y si la Seguridad Social no tuviese déficit, entonces la ley obligaría a revalorizar las pensiones al ritmo del IPC y no al 0,25% como ocurre ahora por estar en déficit.
Es decir, que el gobierno ha evitado transferir dinero a la Seguridad Social porque sabe que si lo hiciese, las pensiones se revalorizarían más y el coste del pago de las mismas sería superior. Por eso ha decidido dar préstamos a la Seguridad Social, que no se endeudaba desde los años 90. Un truco contable para no incrementar las pensiones.
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