24 de agosto de 2015
El Área Federal de Educación denuncia la “actitud de la Conferencia Episcopal de llevar a los tribunales la aplicación de determinadas leyes como la LOMCE, realizada siguiendo sus dictados”
Izquierda Unida, a través de Área Federal de Educación, muestra su “total rechazo” a la “inadmisible intromisión de la jerarquía católica en el desarrollo de la normativa educativa”. De esta forma, IU denuncia la “actitud de la Conferencia Episcopal de llevar a los tribunales la aplicación de determinadas leyes, incluso aquellas como la LOMCE, que ha sido realizada siguiendo sus dictados”.
Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación de IU, advierte de que el objetivo de este tipo de actuaciones “es chantajear y presionar a los gobiernos autonómicos elegidos democráticamente para que impongan más horas de Religión en la educación del alumnado”.
De ahí que desde Izquierda Unida se reclame “al resto de movimientos sociales, plataformas, formaciones políticas y sindicatos para que sumen fuerzas frente a la actitud de la Conferencia Episcopal, y para que de una vez el alumnado pueda disfrutar de una educación pública y laica, basada en principios del pensamiento pedagógico actual, libre, crítico y plural”.
Díez destaca que el tratamiento a la asignatura de Religión fue una de las razones, entre otras muchas, “por las que desde IU rechazamos de forma contundente la ‘contrarreforma’ que supone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El Gobierno de Mariano Rajoy redactó esta norma para ser un instrumento político, no educativo, con el que imponer una instrucción segregadora y sectaria, acorde con la ideología de los grupos de presión que sustentan al Partido Popular, entre ellos de forma destacada el sector más ultraconservador de la jerarquía católica”.
Desde el Área de Educación de IU se explica que “nuestra formación ha exigido de siempre la derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquiera de ellas quede fuera del currículo escolar. Entendemos que la enseñanza de Religión debe salir de la escuela; deben desaparecen los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos. También debe ser así para todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las creencias o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución”.
Enrique Díez valora que la LOMCE “se pensó para ser aplicada a todo correr en las comunidades autónomas dominadas por el PP, pero con los cambios producidos en los comicios del 24M ya no va a ser así. En el caso de la asignatura de Religión parece ya claro que se les ha vuelto en contra”.
“La jerarquía católica -incide- esperaba que esas comunidades de la derecha asignasen las cargas máximas lectivas, de tal forma que se ‘liberaba’ simultáneamente al Gobierno central del ‘estigma’ del sectarismo. La ‘cúpula’ católica ha visto, sin embargo, reducida su influencia ideológica y sectaria al mínimo legal en aquellas autonomías donde el 24M trajo gobiernos de otro signo político o donde la debilidad del PP le obliga a concesiones”.
El coordinador del Área de Educación de IU explica que “la respuesta ha venido con la intención declarada por la propia Conferencia Episcopal en diversas ocasiones de recuperar al alumnado que está perdiendo a pasos agigantados como consecuencia de la secularización de la sociedad, iniciando su nueva cruzada en todos los frentes y ámbitos, incluido el judicial”.
Según los datos del último informe del Ministerio de Educación, hecho público este 2015, ‘Las cifras de la educación en España’, correspondiente al curso escolar 2012-2013, asistieron a clase de Religión en centros públicos un 64% del alumnado en Primaria, un 38% en Secundaria y un 21% en Bachillerato. Estas cifras suponen una fuerte caída si se comparan con los datos del curso 2000-2001, cuando asistían a Religión un 71% en Primaria, un 52% en Secundaria y un 38% en Bachillerato, tal como recoge la asociación Europa Laica.
Díez valora que “la LOMCE parecía la ‘respuesta a sus oraciones’, pero el vuelco del mapa político autonómico ha hundido sus expectativas. Por eso ahora buscan revertir ante los tribunales esta nueva situación, no prevista en su hoja de ruta, y recurren cualquier norma que no asigne el máximo de carga lectiva a la Religión o deje su oferta a criterio de los centros”.
Izquierda Unida ya se felicitó por el respaldo legal cosechado por la reducción al mínimo legal permitido de las horas de Religión aplicado por el Gobierno de Asturias; una decisión avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que rechazó el contencioso del Arzobispado de Oviedo en el que pedía suspender el decreto del Ejecutivo asturiano que regula el currículo de Bachillerato. Lamenta que haya prosperado en Baleares, donde el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad suspendió de forma cautelar el currículo de Bachillerato.
Izquierda Unida exige la denuncia definitiva de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, negociados y pactados en secreto con anterioridad. Fueron aprobados tan solo cinco días después de entrar en vigor la Constitución de 1978, buscando así darles una apariencia de constitucionalidad de la que carecen, al significar un atentado directo contra un Estado pretendidamente aconfesional.