El diputado de IU señala que las cuentas presentadas por el Gobierno en esta materia “contribuyen a la privatización, anteponen determinados intereses particulares a los intereses generales y afianzan una justicia que es lenta”
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en el Congreso de las enmiendas parciales a la sección de Justicia, Ricardo Sixto, respondió esta tarde a la intervención del ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtiéndole de que pese a su “triunfalismo”, las cuentas públicas que defiende para su departamento “son insuficientes para un desarrollo necesario y adecuado de la justicia”.
Sixto avisó también que la política que sigue en esta materia el Ejecutivo del PP -grupo unas horas después rechazó todas las enmiendas parciales presentadas por IU, ICV-EUiA, CHA a esta sección- incide en un camino que contribuye “a la privatización”, porque “han antepuesto determinados intereses particulares a los intereses generales, y afianzan una justicia que es lenta, no es una justicia que se agiliza”.
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE LA INTERVENCIÓN ÍNTEGRA DE RICARDO SIXTO EN EL PLENO
Señor ministro, su intervención ha estado caracterizada por un tono triunfalista, un tono casi de mitin preelectoral en que ha convertido el Gobierno este debate de los Presupuestos Generales del Estado asentada, sobre todo, en el crecimiento del presupuesto de 2016 respecto al presupuesto de 2015. Pero no hay que mirar el presupuesto de 2016 -que es un desiderátum que ejecutará otro gobierno en todo caso- solamente respecto a 2015, sino que hay que compararlo en relación con el conjunto de la legislatura, y claro, cuando uno mira el conjunto de la legislatura y ve los recortes, los ‘hachazos’ sistemáticos que el Gobierno del Partido Popular asestó a los Presupuestos Generales del Estado en los presupuestos de 2012, 2013 y 2014, acabar comparándolo con el de 2015 resulta bastante menos triunfalista del tono que usted ha empleado.
Menos mal que su intervención no ha ido por derroteros por donde sí ha ido el texto de los Presupuestos Generales del Estado en muchas otras intervenciones, hablando de la llamada al consenso y al acuerdo con los grupos parlamentarios, porque si por algo se ha caracterizado la acción de este Gobierno en su departamento y, en concreto, bajo su mandato y el de su predecesor ha sido precisamente por la falta de consenso, la imposición de la opción y la opinión del Gobierno y el posicionamiento al final enfrentado no ya solamente a los grupos parlamentarios, sino a las organizaciones profesionales, sindicatos y demás.
Estos presupuestos, por mucho que se empeñe el Gobierno en vendernos el crecimiento, son unos presupuestos clarísimamente insuficientes para un desarrollo suficiente, necesario y adecuado a la sociedad española de la justicia. Como han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, reincido en lo mismo: contribuyen a la privatización, han antepuesto determinados intereses particulares a los intereses generales, afianzan una justicia que es lenta, no es una justicia que se agiliza.
Por eso no los compartimos y hemos presentado una enmienda a la totalidad de esta sección y determinadas enmiendas parciales que buscan incrementar determinadas cuestiones específicas para la mejora general de la justicia. Entendemos que no tienen una dotación suficiente para la reforma en profundidad que requiere la Administración de Justicia, una reforma que queda todavía pendiente y que esperemos que en próximas legislaturas se pueda ejecutar. Es una dotación insuficiente para una cuestión que para nosotros es fundamental, como es la dotación suficiente de la Oficina Judicial. También queda pendiente en esta legislatura el nuevo mapa judicial. Ustedes, en la práctica -se ve en toda la legislatura-, han congelado el presupuesto de justicia, han congelado en última instancia su iniciativa política y han mantenido una apuesta privatizadora.
Quisiera detenerme específicamente en el tema de las tasas judiciales, que ha constituido uno de los elementos centrales de esta legislatura; una Ley de Tasas que desde mi grupo parlamentario exigimos que se derogue totalmente porque entendemos que el objetivo con el que ustedes la presentaron diciendo que iba a servir para sufragar la asistencia jurídica gratuita, en el propio desarrollo de los presupuestos vemos cómo la recaudación es muy superior al coste de la asistencia jurídica gratuita.
Además, hay una ley que todavía sigue pendiente en esta casa y que parece ser que finalmente no se tramitará porque antes acabará la legislatura, pero lo que ustedes vendieron en esa ley de que era para sufragar la justicia gratuita, finalmente no ha servido para eso, sino para lo que nosotros denunciábamos, que es un mayor afán recaudatorio, incrementar la recaudación pública. Creemos que la justicia gratuita no tiene que tener el objetivo prestacional o tinte de beneficencia prestacional que este Gobierno acaba dándole, sino que tiene que tener otro carácter de verdadero derecho ciudadano consolidado que garantice que, independientemente de las rentas y de las propiedades que tengamos unos y otros, tengamos derecho, de verdad, como dice la Constitución, a un tratamiento igualitario ante la justicia.
Respecto a equipamientos e infraestructuras, usted, señor ministro, ha desgranado las inversiones en determinados juzgados y demás, y he de decirle que algunos se siguen eternizando. Son los mismos que en los presupuestos de 2015, con lo cual no sabemos exactamente la virtualidad, la realidad de esas infraestructuras a dónde irán dirigidas.
También ha vendido triunfalmente la partida destinada a la modernización de la Administración de Justicia, el objetivo de ‘papel cero’, pero créame que desde mi grupo parlamentario pensamos que esa cantidad, esos casi 80 millones de euros, es absolutamente insuficiente para conseguir ese objetivo de papel cero y de poner en común determinadas bases de datos y rupturas que hay dentro de la justicia. Respecto al Registro Civil, continúa la inversión en una dinámica de privatización de los registros, se ha traspasado ahora su llevanza, pero su Gobierno continúa con unos presupuestos dotando unas políticas que no compartimos, esa dinámica de privatización de los registros.
Concluyo. En cuanto a la enmienda de totalidad y las plazas, nosotros hemos presentado una enmienda específica al articulado planteando que ese máximo que fijan de cien plazas en la carrera judicial y fiscal es absolutamente insuficiente y planteamos triplicarlo. El objetivo, al final, sería acercarnos a la media de jueces que tienen otros países de la Unión Europea, homologarnos con otros países y disminuir ese módulo de carga de trabajo que está en unos niveles inasumibles.
Además, entendemos que estos presupuestos no solucionan los problemas del personal interino que ha estado en empleos eventuales ni da solución a sustituciones y, por descontado, es insuficiente después de la congelación que ha habido de plantillas últimamente. Hemos presentado también algunas enmiendas específicas y concretas a los presupuestos de la sección 13 en las que quisiera detenerme específicamente porque además ha sido trasladado y ha dado lugar a debate en dos partes del presupuesto, en el de la Vicepresidencia del Gobierno y aquí en Hacienda, para dotar de forma económica importante en cuanto a la memoria histórica la dignificación y exhumación de las víctimas en las fosas comunes; víctimas que, a pesar de lo que decía uno de los portavoces del Grupo Popular esta mañana en la tribuna, no son de dos bandos. Solo quedan víctimas de un bando, desgraciadamente, en las cunetas y en las fosas comunes de este país y es hora de terminar con ello. Esto ha de terminar definitivamente y por eso hemos planteado estas dos enmiendas.
Hemos presentado también otras enmiendas específicas para dotar de mayores recursos a los juzgados de familia; juzgados de menores; juzgados de vigilancia; turno de oficio; juzgados de paz, que tienen todavía una función importante, a pesar de su cuestionamiento en ciertos ámbitos; a la modernización de la justicia y, sobre todo, y nos preocupa muchísimo, la necesidad de que la nueva oficina judicial tenga una dotación presupuestaria suficiente para de verdad modernizar la justicia, objetivo que compartiríamos todos, pero que entendemos que con estos presupuestos que usted presenta para el año 2016 en absoluto se garantiza y por eso pedimos su devolución y votaremos en contra. Muchas gracias.
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